El proyecto de ley propuesto por el Superior Tribunal de Justicia de San Luis tiene como objetivo central fortalecer la autonomía financiera, económica y funcional del Poder Judicial en la provincia. Este intento se justifica en la necesidad de asegurar una independencia real del Poder Judicial, permitiéndole operar sin las restricciones impuestas por la dependencia financiera del Tesoro Provincial.

El marco legal que respalda esta propuesta incluye los Artículos 192, 198, y 218 de la Constitución Provincial, junto con los Arts. 5 y 31 de la Constitución Nacional. Estos artículos subrayan la importancia de una justicia independiente, esencial para la división de poderes y el correcto funcionamiento del sistema democrático.

Propuestas Clave del Proyecto

1. **Financiamiento Directo**: El artículo 1° del proyecto establece que el 5% de los Fondos de Coparticipación Federal que recibe la provincia de San Luis se destinará directamente al Poder Judicial. Este porcentaje podría incrementarse conforme las necesidades del Poder Judicial lo requieran.

2. **Transferencia Automática de Fondos**: Para garantizar la transparencia y eficiencia en la asignación de recursos, el artículo 2° dispone que la Tesorería General de la Provincia transfiera automáticamente, y de manera diaria, estos fondos a una cuenta específica del Poder Judicial.

Análisis Crítico

El principal problema que aborda este proyecto es la dependencia financiera del Poder Judicial del Tesoro Provincial, lo que limita su capacidad operativa e independencia. Actualmente, según el presupuesto aprobado para el 2024, solo el 21% de los recursos proviene de ingresos propios del Poder Judicial, mientras que el 79% restante depende de aportes del Tesoro Provincial. Esta situación pone en peligro la autonomía real del Poder Judicial, ya que la mayor parte de sus recursos está sujeta a decisiones políticas externas a la propia institución judicial.

El proyecto busca corregir esta vulnerabilidad estructural, otorgando al Poder Judicial una fuente de financiamiento estable y directamente vinculada a la coparticipación federal. Este cambio es crucial para la implementación de políticas salariales acordes con la responsabilidad e idoneidad que se exige a magistrados, funcionarios y personal judicial. Además, mejoraría la capacidad para realizar inversiones en infraestructura, tecnología y personal, elementos esenciales para un servicio de justicia eficiente y moderno.

Comparación con Otras Provincias

La situación que se intenta remediar en San Luis no es exclusiva de esta provincia; muchas otras jurisdicciones en Argentina enfrentan desafíos similares en cuanto a la autonomía financiera del Poder Judicial. Sin embargo, existen ejemplos de provincias que han avanzado en la autonomía judicial, como Córdoba y Neuquén, donde se han implementado sistemas de financiamiento más autónomos, permitiendo una gestión más independiente y eficiente del Poder Judicial.

En provincias como Córdoba, el Poder Judicial maneja un porcentaje mayor de su financiamiento a través de recursos propios, lo que ha facilitado la implementación de reformas y mejoras en el sistema judicial. Este tipo de autonomía no solo fortalece la independencia judicial, sino que también contribuye a una percepción pública de mayor transparencia y justicia, disminuyendo la influencia política en decisiones judiciales.

Autocuestionamiento sobre las Tasas Judiciales

Para complementar el análisis, es pertinente considerar si las tasas judiciales, que actualmente se destinan al Tesoro Provincial, no deberían formar parte del financiamiento directo del Poder Judicial. Las tasas judiciales, según el derecho tributario, son tributos cuyo hecho imponible es la prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa que beneficia al contribuyente. En este caso, el servicio brindado es la administración de justicia.

Este planteamiento no es nuevo y ha sido objeto de discusión en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En fallos como “Municipalidad de Córdoba c/ Sanfilippo, Pascual” (1983), la Corte ha señalado que las tasas judiciales no solo deben guardar una relación directa con el costo del servicio prestado, sino que su recaudación debería estar destinada a financiar dicho servicio. Esta lógica permitiría reforzar la autonomía financiera del Poder Judicial, asegurando que los recursos generados por su actividad se reinviertan en mejorar el propio sistema de justicia.

Si bien el proyecto de ley actual se enfoca en asegurar un porcentaje fijo de la coparticipación federal, quizás valdría la pena considerar la incorporación de las tasas judiciales como una fuente adicional y directa de financiamiento, alineando así la recaudación con los principios constitucionales de autonomía y eficiencia en la administración de justicia.

Conclusión

El proyecto de ley para fortalecer la autonomía financiera del Poder Judicial en San Luis representa un paso significativo hacia la consolidación de un Poder Judicial verdaderamente independiente. Al asegurar una fuente estable de financiamiento y reducir la dependencia del Tesoro Provincial, se sentarán las bases para una administración de justicia más eficiente, imparcial y capaz de responder a las necesidades de la sociedad.

La implementación de este proyecto no solo alinearía a San Luis con las mejores prácticas observadas en otras provincias argentinas, sino que también serviría como un modelo a seguir para aquellas jurisdicciones que aún enfrentan desafíos similares. Sin duda, la autonomía financiera es un pilar esencial para una justicia robusta y respetada, capaz de ejercer su rol constitucional sin interferencias externas.